Puigdemont sopesa presentarse en el Supremo tras el fin de la sedición y la rebaja de la malversación

La huida de Carles Puigdemont puede estar llegando a su fin. Con la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y rebaja considerablemente las penas de la malversación de fondos públicos, el ex presidente catalán está valorando entregarse ante las autoridades españolas sin esperar a que los tribunales europeo y belga fallen sobre la orden de extradición que sigue en estudio. Su equipo jurídico está esperando a «la publicación de los cambios» en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para tomar la decisión. Eso podría ocurrir el próximo viernes. Puigdemont, que descarta ya desplazarse a un tercer país si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón al Tribunal Supremo, sopesa dejarse detener en su entrada a España o personarse ante el alto tribunal.

El fundador de Junts per Catalunya, en la actualidad parlamentario europeo por esta misma formación, se decanta por seguir los pasos de la ex consejera Meritxell Serret y la ex diputada de la CUP Anna Gabriel hace unos meses. Ambas, tras saber que su responsabilidad penal quedaba prácticamente extinguida, al ser acusadas únicamente de desobediencia, se presentaron por sorpresa en el Tribunal Supremo para rendir cuentas ante el juez instructor Pablo Llarena. Tanto Serret como Gabriel quedaron en libertad provisional y fueron citadas unas semanas más tarde. Eso es lo que quiere Puigdemont. La vicesecretaria general de ERC, Marta Rovira, también está a la espera de la reforma del Código Penal para tomar una decisión similar. De hecho, su partido en el Congreso ha negociado este cambio legislativo pensando principalmente en ella y en el retorno a la política de Oriol Junqueras.

Al desaparecer el delito de sedición, por el cual era reclamado hasta ahora por el juez Llarena, la única pena de prisión que se le podría imputar es la relativa a la del delito de malversación. Un máximo de cuatro años. Pero al tratarse de un concurso de delitos, que el segundo era con el fin de llevar a cabo el primero, prácticamente también quedaría exento de éste. De tal manera que, en caso de personarse ante el Supremo o ser detenido en un retorno no pactado a España, el tiempo máximo que pasaría en comisaría serían unas horas para ser identificado en base a la orden de detención y entrega que sigue vigente en territorio nacional. Acusado de un delito de desobediencia que se salda con una multa.

Tras más de cuatro años de fuga por Europa, estableciendo su residencia en Bélgica al rechazar en primera instancia su extradición a España, el ex presidente catalán se ve acorralado ante la posición adoptada por el TJUE y el Parlamento Europeo. La Eurocámara, según afirmó hace unos días en la vista que se celebró en Luxemburgo el abogado del Parlamento Europeo, cree que no hay lugar para la inmunidad que en su momento le fue otorgada con al acta al no haber acatado la Constitución ante la Junta Electoral Central. La pérdida de la inmunidad dejaría a Carles Puigdemont al borde de la extradición automática. La decisión del TJUE se conocerá el 31 de enero. De entregarse, además de ganar un mes, fuentes de su entorno señalan que podría solicitar «el atenuante de ponerse a disposición de la justicia».